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(10/12/2015) El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de que antes de terminar su mandato legislativo nombrarán a los 12 magistrados que faltan en el Tribunal Supremo de Justicia será otro acto chavista que raye en la ilegalidad, advirtieron especialistas en el tema.

Según el politólogo Oswaldo Ramírez, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de que antes de terminar su mandato legislativo nombrarán a 12 magistrados chavistas será otro acto chavista que raye en la ilegalidad. Efectivamente la actual Asamblea Nacional (AN) tiene carácter legal hasta el 4 de enero de 2016 pero, otra situación diferente sería la legitimidad de sus decisiones.

“Lo que se está viendo es algo similar a lo que sucedió en la Asamblea pasada, la capacidad que tiene un grupo colegiado de tomar decisiones que de cierta manera, si bien son legales, tienen una carga de ilegitimidad porque el pueblo en esta elección del 6 de diciembre se expresó de forma mayoritaria y le dio la mayoría calificada de los dos tercios a la unidad democrática”, dijo.

¿Qué pasa entonces con el comité de postulaciones de la actual AN encargada de designar a  los magistrados?

“Primero se paralizó el proceso y este comité tiene hasta el 22 de enero para nombrar formalmente los nuevos magistrados. Prácticamente lo que estamos viendo es que va a haber una aceleración del proceso para escogerlos”, indicó Oswaldo Ramírez.

En segundo término, manifestó, la selección sería aún más ilegitima, cuando quien dirigía la comisión parlamentaria para dicha escogencia, Elvis Amoroso, se está postulando para llenar una de esas vacantes en el TSJ.

“Algo que pasa a ser irrito, ilegitimo, y si bien él tiene el derecho de aspirar, legalmente no pudiera por ser la cabeza de ese comité de postulaciones”.

El politólogo aseguró que el pueblo rechazaría tal movida política porque ya dijo en las urnas cual es el camino que quiere seguir y el repudio en la opinión ciudadana sería amplió.

“El traje a la medida del emperador. Están buscando hacerle un traje a Maduro a la medida desde el ente legislativo. Por otra parte, cuidado con la facultad de otorgarle una nueva habilitante al poder ejecutivo por 18 meses, eso está ahí y se ha discutido ampliamente en los pasillos rojos, que se pudieran materializar esos poderes especiales”, dijo Ramírez.

Para el experto, si esto llega a ocurrir, más que contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía, estaría configurando una escalada del conflicto. Piensa que la nueva AN tendrá una postura fuerte pues el mandato del elector fue claro al otorgarle una amplia mayoría.

“Esta decodificado en el ‘basta ya’  ya de situaciones irritas. Basta ya de este poder hegemónico que lo único que hizo fue favorecer a una cúpula corrupta y no al pueblo. Por eso yo creo que este tipo de decisiones lo que está buscando es calentar el clima de conflictividad en el país”, dijo.

¿Usted cree que al gobierno le sigue resultando la receta del conflicto político?

“Yo creo que temporalmente, sí. Si ellos deciden aplicar esa capacidad coercitiva del Estado a través de la represión, en caso de que la gente decida protestar. Pero de cierta manera cuando se dan este tipo de hechos de nombramientos, de probablemente una habilitante, de cambios de última hora, el gobierno pierde credibilidad, pierde apoyo y verá la disminución del capital político que tiene en el presente”, argumentó el politólogo.

“La verdad es que el gobierno no le ha sabido dar la lectura correcta a los resultados del pasado domingo. El 6 de diciembre el pueblo dijo unidad y dijo cambio, y la unidad significa varias cosas, significa reconciliación nacional, implica que estamos cansados de la prisión de la persecución política, del acoso, de la amenaza, de somos distintos y entonces tú mereces más que yo o el otro te va a quitar tal cosa, el país se cansó de eso, y que quiere cambiar el país. El país quiere cambiar la crisis por oportunidades, progreso, y ese mensaje se lo envió a todos los dirigentes políticos, al gobierno y a la oposición, a nosotros en qué sentido, en que tenemos que cumplir con el compromiso de mantenernos unidos”, afirmó Solorzano.

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¿Con el nombramiento de los 12 magistrados, el gobierno le tranca el juego político al nuevo parlamento?

“Nosotros nunca vamos a dar por legítimos a los que han sido asignados al margen de la Constitución y las leyes, y los dos tercios de ley tienen todas sus facultades y todas las vamos a ejercer. Ahora, nosotros no tenemos ánimos de confrontación, nosotros tenemos ánimos de acatamiento de las normas constitucionales. La designación de los poderes tiene que hacerse de acuerdo a la Constitución o son simplemente nulas”, finalizó la diputada electa Delsa Solorzano.

Artículo 265, de la Constitución de Venezuela:

“Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”.

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

DE LA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS O MAGISTRADAS

Artículo 62
Causales de remoción. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos de sus cargos en los términos que establece el artículo 265 de la Constitución de la República, y serán causas graves para ello las siguientes:

  1. Las que establecen la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
  2. Manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica que designe el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional.
  3. No ser imparcial o independiente en el ejercicio de sus funciones.
  4. Eximirse del ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de inhibición o recusación.
  5. Llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
  6. Realizar actividades incompatibles con sus funciones, por sí o por interpuestas personas.
  7. Ejercer simultáneamente otro cargo público remunerado, salvo lo que se dispone para cargos académicos o docentes a que se refiere esta Ley.
  8. Abandonar el cargo y así lo declare el Tribunal Supremo de Justicia.
  9. Incumplir o incurrir en negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes.
  10. Que sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que represente.
  11. Cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo.
  12. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas.
  13. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.
  14. Cuando incurran en grave e inexcusable error de derecho, cohecho, prevaricación, dolo o denegación de justicia.
  15. Cuando hubiere suministrado datos falsos con motivo de su postulación como Magistrado o Magistrada a la fecha de la misma, que impida conocer o tergiverse el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente Ley y en la Constitución de la República.
  16. Cuando la actitud pública de los Magistrados o Magistradas atente contra el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus Salas o del Poder Judicial.
  17. Cuando infrinjan algunas de las prohibiciones que están establecidas en la Constitución de la República y en las leyes.

La recién electa diputada por la Mesa de la Unidad Democrática Delsa Solorzano, calificó este acto que se piensa, puedan hacer desde la Asamblea Nacional Vigente como, “una patada de ahogado”.

El Estímulo

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