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(11/01/2016) Existen al menos dos decisiones emanadas por el TSJ en defensa del voto popular. Los casos datan de la primera quincena de enero de 2013, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez no pudo juramentar su reelección por problemas de salud que lo mantuvieron  en Cuba recibiendo atención médica aunque algunos afirmaban que ya había fallecido en el 2012.

Para entonces, se solicitó a la Sala Constitucional una interpretación del artículo 231 de la Carta Magna que establece la fecha en que debe juramentarse el candidato que haya resultado vencedor en la elección presidencial.

Articulo 231: “El candidato elegido o candidata elegida, tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

Entre los argumentos que esgrimió en su sentencia el TSJ para defender legalidad de postergar la juramentación de Chávez para aquel crucial momento destaca el siguiente párrafo:

Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a un funcionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de una disposición constitucional expresa y desconociendo ‘el preponderante rol del cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en un proceso comicial’, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntad popular a una ‘técnica operativa, tomando en consideración –además- los traumatismos políticos e institucionales que supone la forzosa desincorporación de un funcionario electo…’, como expresara esta Sala en el fallo citado supra.

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El mismo TSJ, en su intento de blindar el poder político del chavismo, fue más allá y aseguró que resultaría fraudulento desconocer la voluntad del pueblo manifestada en un proceso comicial. Y agrega:

“A mayor abundamiento, es necesario precisar que el sufragio es una manifestación directa del ejercicio de la soberanía popular (artículo 5 constitucional) por parte de su titular y que es un rasgo característico de la democracia participativa (artículo 6 eiusdem). Al respecto, esta Sala Constitucional en sentencia 1680/2007 expresó que, al ejercerse el sufragio, ‘entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativo que atañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular, como manifestación del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, cuyo contenido axiológico se deriva claramente de los artículos 2, 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contando con vasto desarrollo en el catálogo abierto de derechos políticos, especialmente en las normas contenidas en el Capítulo IV del Título II de nuestra Carta Magna”.

De esto se concluye que ningún poder constituido puede desproclamar un funcionario electo por voto popular.

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