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(27/05/2016) La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investiga hasta el momento 89 casos de corrupción de los cuales, 67 fueron abiertos en gestiones anteriores y 22 iniciados en este periodo legislativo. El monto total defraudado asciende a un monto cercano a los $69.162 millones que se presumen se “fugaron” en la era chavista.

“Con esta cantidad se pudieron haber construido 6.000 hospitales y pagar 22 millones de tratamientos oncológicos. Pudimos haber costeado la canasta básica para comer cientos millones de personas, 30 veces para los 30 millones de venezolanos por un año (…) Se pudieron haber construido 22 millones de casas de la Misión Vivienda, se pudieron haber comprado 15 turbinas generadoras para sustituir todas las del Guri o pagar 500 veces el presupuesto de nuestras universidades autónomas”, calculó Freddy Guevara, presidente de la instancia legislativa.

El Estado venezolano solo ha dado respuesta a cinco de las 89 denuncias, bajo el argumento que “continúan en la investigación”; comentó el dirigente de Voluntad Popular durante la presentación del balance de gestión de los primeros cuatro meses de trabajo (de enero a abril de 2016).

Jamás ha habido Gobierno más corrupto

“Son cifras que no se han visto jamás en el mundo, ni siquiera en países africanos”, reiteró Guevara, quien aclaró que aún no se han incluido los revelados en la filtración de los Panama Papers (Papeles de Panamá en español).

Los casos fueron divididos en 11 temas, todos calculados sobre la base de la tasa oficial para el momento en que ocurrió la transacción. La primera categoría la conforman las irregularidades en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, con un patrimonio público afectado de $7.417 millones.

  • PDVSA: $7.417 millones
  • Alimentación, con $2.532 millones
  • Salud: $959 millones;
  • Electricidad, 647 millones de dólares;
  • Sistema cambiario, $60.000 millones;
  • Transporte, $7.275 millones;
  • Cementeras, $300 millones;
  • Empresas básicas y del Estado con $1.488 millones asociados;
  • Banco Industrial, por denuncias sobre venta de bienes de arte;
  • Ministerio Penitenciario: $6.465 millones

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