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(29/08/2016) Según publica Diario Las Américas, más de un centenar de jerarcas y exjerarcas chavistas están en la mira de las autoridades estadounidenses por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, bien sea por sus nexos con las guerrillas colombianas o con grupos yihadistas; o por violar los Derechos Humanos de los venezolanos que se oponen al régimen bolivariano.

La alta cifra, que incluye a personas que figuran en las listas de sancionados por organismos estadounidenses, o que tienen causas abiertas en tribunales de EEUU, podría seguir creciendo en el futuro inmediato, pues hay congresistas que reclaman al presidente Barack Obama la imposición de penalizaciones a más funcionarios venezolanos.

La semana pasada este grupo de congresistas difundieron una carta que le hicieron llegar a los secretarios de Estado y del Tesoro, John Kerry y Jack Lew, respectivamente, en la cual los instaron a tomar acciones ante la “terrible crisis económica, política y de Derechos Humanos” que vive el país sudamericano.

Entre las medidas los legisladores exigieron a la Casa Blanca que firme la prórroga a la Ley de la Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela, mediante la cual desde el año 2014 unos 62 funcionarios venezolanos han visto cómo sus visas para ingresar a territorio estadounidense han sido canceladas y los fondos y bienes que tenían en el país les han sido bloqueados, de acuerdo a la misiva.

Washington ha sido muy cauteloso a la hora de informar quiénes han sido sancionados por violar garantías fundamentales y en 2015 apenas reveló los nombres de siete funcionarios, entre los cuales destacaban los entonces directores del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López; de la Policía Nacional, Manuel Pérez Urdaneta; del entonces comandante de la Región de Defensa Integral, Antonio Benavides Torres; o de la fiscal Katherine Harrington.

Los oficiales son señalados por el Congreso estadounidense de ser responsables de la represión a las protestas antigubernamentales registradas a principios de 2014 y de los abusos y excesos cometidos por uniformados en ellas. Por su parte, Harrington fue la fiscal que le dictó prohibición de salida del país a la exdiputada María Corina Machado.

Las listas

En la lista que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) elabora con los nombres de los particulares y de las empresas sancionadas por presuntamente hacer negocios con narcos, terroristas o corruptos, cuya última actualización data de 23 de agosto, figuran 29 venezolanos, por nacimiento o a naturalización; y de ellos 15 son funcionarios o exfuncionarios.

El general Cliver Alcalá Cordones, cuyo último cargo fuera el de jefe de la Región de Defensa Integral de Guayana (REDI) y quien en las últimas semanas ha salido a cuestionar el desempeño del presidente Nicolás Maduro y a abogar por el referendo revocatorio, encabeza el grupo de sancionados.

“Por eso es que ha salido a hablar contra el Gobierno, para evitar que los gringos le quiten su dinero”, aseguran desde el chavismo en relación al oficial que llegó a ser uno de los primeros edecanes de Hugo Chávez y quien fue pieza clave para la detención y procesamiento de Walid Makled, el gran capo venezolano.

Los gobernadores de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín; y de Trujillo, Henry Rangel Silva; y el exdirector de la Inteligencia Militar y ahora diputado Hugo Carvajal también figuran pero no solo ser sospechosos de tener lazos con las drogas sino por sus presuntos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lazos que habrían quedado expuestos gracias a la computadora incautada por el Ejército colombiano en el ataque contra el campamento que el guerrillero Raúl Reyes tenía en Ecuador en 2008.

En la lista también figura el exdiputado Freddy Bernal y al diplomático venezolano Ghazi Nasr Aldin, por apoyar al grupo terrorista Hezbolá durante el tiempo que fue encargado de negocios en la Embajada venezolana en Damasco.

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