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(03/09/2016) Tal como lo adelantara el Informe Otálvora, el Senado de Brasil encontró culpable de “crímenes de responsabilidad” a Dilma Rousseff y procedió a destituirla de la Presidencia. El Partido de los Trabajadores, importante fuerza política brasileña, integrante de la alianza castrochavista que marcó la política latinoamericana de la última década, fue desplazado del poder. Muy importantes líderes petistas, incluyendo a Lula da Silva, están en la cárcel o afrontan inminentes juicios por corrupción.

El impeachment a Rousseff, que enfrentó el gran poder acumulado por el PT, estuvo políticamente sustentado en una extensa confluencia de sectores que sumó voceros de todo el abanico político, a los principales partidos democráticos, poderosas iglesias evangélicas, la influyente masonería, el gran empresariado paulista y de agribusiness, movimientos urbanos anticomunistas cívicos o militaristas, organizaciones juveniles antipartidistas, todo ello en un contexto de deterioro de la calidad de vida y del descubrimiento de esquemas de corrupción que vinculan a los líderes del PT con ricos consorcios empresariales.

La presidencia brasileña fue asumida en una sencilla ceremonia en el Senado el 31AGO16 por Michel Temer, jefe del heterogéneo y conflictivo partido PMDB que hasta ahora actuó como aliado de Lula y Rousseff. Temer, hijo de libaneses cristianos, masón, con varias décadas de trayectoria política, juró el cargo prescindiendo del uso de la usual banda presidencial.

Ante la evidencia de que se impondría el impeachment contra Rousseff, Lula negoció un acuerdo con sectores del PMDB, partido acusado de “golpista” por el PT, para garantizar un salvoconducto legal a la destituida mandataria. El presidente del Senado Renan Calheiros del PMDB, actuando sin consentimiento de Temer y sin consultar a partidos aliados, impulsó una moción para que los senadores votaran la destitución de Rousseff y su consecuente inhabilitación política como dos asuntos distintos, violando la letra de la Constitución brasileña. La maniobra fue secundada por el presidente del Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski quien presidía el enjuiciamiento de Rousseff. Con el voto de los aliados de Rousseff y algunos del PMDB, el Senado aprobó no inhabilitar a Rousseff por el lapso de ocho años fijado en la Constitución. El tema ya entró a ser considerado por la justicia. El 02SEP16 los principales partidos brasileños, incluyendo al PMDB de Temer, solicitaron al Supremo Tribunal Federal confirmar que la destitución acarrea automáticamente la inhabilitación de Rousseff. Si bien la exmandataria no podría presentarse como candidata presidencial en 2018, si podría aspirar a un escaño parlamentario. A más corto plazo, la maniobra de Lula y un sector del PMDB permitiría que Rousseff fuera designada a un cargo de Secretaria de Estado en alguno de los estados donde gobiernan militantes de su partido, lo cual le proporcionaría privilegios en caso de prosperar posibles juicios por corrupción y obstrucción a la justicia.

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