(18/10/2016) La gobernación fronteriza de Roraima solicitó el lunes ayuda del gobierno federal de Brasil para atender la creciente llegada de ciudadanos venezolanos a ese estado del norte del país debido a los altos gastos para ofrecerles servicios y a los problemas sociales generados por la inmigración no controlada.

La solicitud fue hecha por la gobernadora de Roraima, Suely Campos, en declaraciones que concedió a la prensa durante la ceremonia de firma del decreto por el que creó un gabinete de crisis para atender a los miles de venezolanos que han cruzado la frontera en los últimos meses por la grave situación que vive su país.

Campos afirmó que abordará el asunto en una reunión que tendrá este martes en Brasilia con el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, y a la que acudirá acompañada por su secretario de Justicia, Uziel Castro, y por el diputado federal Hiran Gonçalves.

La gobernadora aseguró que la situación de los venezolanos refugiados en Roraima se convirtió en un problema de seguridad pública por el aumento de las denuncias de participación de los inmigrantes en crímenes como tráfico de drogas y contrabando.

“Es necesario que nos pongamos de acuerdo para intentar resolver los problemas creados o agravados por esa inmigración. Se trata de algo importante para la calidad de vida de los dos pueblos”, afirmó.

Según el Ministerio de Justicia, 1,805 venezolanos han solicitado refugio en lo que va de este año en Roraima, cifra que supera a los pedidos similares registrados en los últimos cinco años y que septuplica la del 2015.

Además, decenas de venezolanos viven en las calles de la ciudad fronteriza de Pacaraima, la principal puerta de entrada a Brasil desde el país vecino, y en Boa Vista, la capital regional.

Según medios locales, en los últimos meses cerca de 30,000 venezolanos han cruzado la frontera para comprar comida y otros suministros, debido a la crisis de desabastecimiento en su país, aunque la mayoría de ellos han regresado a sus ciudades de origen.

Campos afirmó que la gobernación ha elevado significativamente sus gastos para ofrecerles servicios de salud y educación a los inmigrantes venezolanos y necesita compartir esos gastos con el gobierno federal de Brasil.

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