(25/10/2016) La Asamblea Nacional (AN) se plantea en su “Acuerdo en Defensa de la Constitución, la democracia y los Derechos Humanos” determinar “la situación constitucional” del Maduro. De acuerdo con lo expresado por los parlamentarios opositores, esto consistirá en definir si el mandatario nacional ha atentado contra lo establecido en la Constitución y si incumplió con sus obligaciones.

Si hay una evaluación negativa de las acciones del jefe de Estado resultaría en dos posibles consecuencias para él, ambas legales y que podrían iniciarse este mismo martes desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo.

1.- Declarar la falta absoluta del presidente

El abogado Juan Manuel Raffali explicó que el Poder Legislativo puede declarar la falta absoluta de  Maduro. Detalló que si bien él no ha dejado su cargo al irse definitivamente del país, se puede calificar de abandono cuando no le garantiza a los venezolanos la estabilidad de sus Derechos Humanos.

El artículo 233 de la Constitución establece que la AN puede declarar la falta absoluta del presidente de la República en su cargo. Esto llevaría a su destitución, para luego ceder el cargo temporalmente al presidente de la Asamblea Nacional y se llamarían a elecciones. Aunque, si este proceso se extiende a 2017, le tocaría asumir el cargo por el resto del periodo al vicepresidente Ejecutivo.

Para el jurista José Vicente Haro, el mandatario nacional ha irrespetado el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución al no hacer cumplir lo establecido en las leyes. En este caso, considera que la aprobación de recursos y tratados mediante decretos es un ejemplo de ellos.

“Aparte, él  prácticamente ha abandonado su cargo porque en sus políticas públicas no ha cumplido ni contribuido a solucionar las problemáticas que afectan a la nación”, acotó Haro.

2.- Declarar la responsabilidad política

De acuerdo con el artículo 222 de la Constitución Nacional, la AN tiene la potestad de “ejercer su función de control” mediante investigaciones e interpelación a cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política.

Haro explicó que la responsabilidad política podría conllevar luego a la destitución, aplicable incluso al presidente Maduro. Sin embargo, para llegar a esto es necesario que pase por el Consejo Moral Republicano -Poder Ciudadano- y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 “Dentro del juicio por responsabilidad política puedes contemplar que se quebranta el orden constitucional al aprobar sin consentimiento del Legislativo los decretos de Estado de excepción o el Presupuesto Nacional. Además, también están las limitaciones para activar el referéndum revocatorio”, explicó Haro.

El juicio político o impeachment no existe en Venezuela

Los dos abogados coincidieron en que si bien se puede calificar de juicio el procedimiento que realizarían los parlamentarios, negaron que pueda considerarse similar al  juicio político o impeachment realizado contra la presidente Dilma Rousseff en Brasil.

El término “juicio político” fue el empleado por el jefe de la bancada parlamentaria de la oposición, Julio Borges.

“Hoy comienza una sesión que culminará el próximo martes, que discute un tema muy serio, y es el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha atentado contra la democracia, los Derechos Humanos y el futuro del país”, aseguró el  pasado domingo durante la sesión en la cual se aprobó el acuerdo para “restablecer el hilo constitucional”.

En el análisis realizado por ambos abogados han dejado por fuera el tema de la nacionalidad de Maduro que es sin duda otro de los temas importantes que deben tratarse sino en la sesión de hoy, en los próximos días y que puede tener efectos nefastos sobre Maduro.

El Nacional

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