(27/10/2016) La actuación siempre parcializada y muchas omisiones de la Defensoría del Pueblo de Venezuela la ha salido muy cara al defensor del pueblo, Tarek Saab. De ahora en adelante, tanto el defensor del pueblo como cualquiera de los representantes de esa institución que asistan a cualquier instancia de la ONU no tendrán derecho a voz. Serán simples oyentes hasta que sus actuaciones demuestren una verdadera lucha por los derechos humanos independientemente del color político de los afectados.

Es por ello que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por sus siglas en inglés) degradó a la Defensoría del Pueblo de Venezuela de categoría A a categoría B, lo cual pone en entredicho su independencia y limita su derecho a voz en todas las instancias de las Naciones Unidas.

Esto ocurre una semana antes del Examen Periódico Universal

El revés para el despacho que dirige Tarek William Saab se da apenas una semana antes de que se lleve a cabo el llamado diálogo interactivo del Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El primero de noviembre la Defensoría del Pueblo no tendrá derecho a voz en Ginebra.

Ganhri es una organización que coopera con Naciones Unidas y está constituida por las instituciones nacionales de derechos humanos de los países miembros de la ONU. Cada cinco años examina el desempeño de cada una, para verificar su efectiva independencia en los términos establecidos en los Principios de París.

La decisión sobre la Defensoría del Pueblo de Venezuela fue divulgada este martes, después de un controvertido proceso, pues tanto William Saab  como su predecesora en el cargo, Gabriela Ramírez, habían negado que la Defensoría del Pueblo estuviese al servicio del gobierno y no de los venezolanos.

Le dieron un año a Tarek Saab para corregir esta situación pero nada…

En marzo de  2015, fecha para la cual William Saab tenía dos meses al frente del organismo, el subcomité recomendó la degradación a categoría B y le concedió un plazo de un año para que corrigiera las actuaciones y omisiones de Ramírez. Específicamente se le exigió hablar “alto y claro” sobre situaciones que causaron preocupación internacional como la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las irregularidades en los enjuiciamientos de la jueza María Lourdes Afiuni y del dirigente de oposición Leopoldo López.

El Nacional

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