(29/10/2016) La sentencia 907 del 28/10/2016 del Sala Constitucional del TSJ publicada este viernes, donde declara que Maduro es venezolano, los magistrados del TSJ dejaron la puerta abierta para que la parte interesada, en este caso Maduro pueda “hacer valer la responsabilidad constitucional, penal, civil y administrativa por los temerarios hechos señalados en la presente sentencia, junto a las declaratorias correspondientes”.

En el contenido final de la sentencia se puede leer claramente que:

“Finalmente, en base a los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente plasmados, esta Sala Constitucional declara con lugar la presente solicitud de control de constitucionalidad y confirma que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, es, en efecto, ciudadano venezolano por nacimiento que no posee otra nacionalidad, tal como ha sido ampliamente acreditado a través de documentos oficiales e incontrovertibles expedidos por las máximas autoridades del registro civil venezolano (Consejo Nacional Electoral y Servicio Administrativo de Identificación), en los cuales se acredita con absoluta certeza que el prenombrado Jefe del Estado Venezolano, nació en la Ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia la Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; quedando a salvo las acciones que correspondan en ejercicio de los derechos, deberes, principios y normas previstas en el ordenamiento jurídico, para hacer valer la responsabilidad constitucional, penal, civil y administrativa por los temerarios hechos señalados en la presente sentencia, junto a las declaratorias correspondientes. Así se decide.”

Esto parece indicar que según los magistrados exprés del TSJ, entre los cuales están Gladys Gutiérrez, Calixto Ortega y Lourdes Suárez Anderson entre otros, el señor Maduro tendría carta blanca para aplicar el peso de la ley no sólo a los diputados de la Asamblea Nacional que desde abril de este año han actuado sobre tan delicado punto, entre los cuales están Henry Ramos Allup, Dennis Fernández, Melva Paredes sino a todos aquellos diputados que hayan debatido el tema en la AN.

Pero lo más importante es que esta sentencia no es restrictiva únicamente a los diputados de la AN por lo cual podría aplicarse a cualquier ciudadano que de alguna u otra forma sienta que Venezuela merece un presidente 100% venezolano y que Maduro no cumple con ese requisito. Para el TSJ este sería un acto “temerario” que puede ser objeto de sanciones constitucionales, penales, civiles y administrativas.

El asunto es que el TSJ deja irresponsablemente muchos puntos oscuros sin resolver en esta sentencia y hará que la ciudadanía se pronuncie respecto a ellos independientemente de lo que hayan escrito estos ilustres magistrados exprés.

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