(27/11/2016) No sorprende para nada que el Ministerio Público haya caído nuevamente en mora con Venezuela esta vez con el caso de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos Flores, sobrinos de la pareja presidencial, declarados culpables hace 10 días en una corte federal de Nueva York por su participación en una operación para traficar cocaína a Estados Unidos.

Las repercusiones que podría tener un caso como este, con revelaciones sorprendentes como el uso de la rampa aérea presidencial para el traslado de la droga, se han estrellado con el silencio de las autoridades. Analistas advierten de la necesidad de que la pareja presidencial reconozca el proceso judicial que se sigue a sus familiares y aclare las dudas.

El 12 de enero de 2016 luego de asumir su cargo como diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, respondió de manera escueta las preguntas de los periodistas sobre la situación de sus sobrinos que fueron detenidos en Haití mediante una operación encubierta de la DEA. La Primera Dama se limitó a decir: “Nosotros –sin señalar a quienes se refería con ese plural- hemos esperado tener más elementos. Lo que sí está determinado y comprobado es que la DEA estuvo metida aquí en territorio venezolano violentando nuestra soberanía e incurriendo en delito dentro de nuestro territorio. La DEA cometió delitos de secuestro que, en todo caso, la defensa se encargará de probar. Tenemos elementos, tenemos las fotos de quiénes fueron los funcionarios de la DEA que incurrieron en delito aquí en Venezuela en este caso que es de secuestro y de venganza”.

Estos elementos probatorios que afirmaba Flores tener en su poder, nunca fueron mostrados durante el juicio por los abogados defensores de los  narcosobrinos. Dada la importancia de estas declaraciones, es de suponer que Cilia Flores haya sido llamada a declarar en el juicio conjuntamente con otros venezolanos citados. Si llegó esa citación seguramente la mantienen en reserva.

Para ese entonces, Flores aseguró que no podía seguir hablando del caso porque tenía que respetar el proceso judicial que recién iniciaba pero el juicio ha terminado y el silencio de la primera combatiente continúa.

Durante el año que duró el juicio de los sobrinos Flores en Estados Unidos, la pareja presidencial venezolana apareció casi a diario en los medios de comunicación en cadenas y alocuciones, al frente de movilizaciones de calle, reuniones de gabinete ministerial y tanto el presidente Nicolás Maduro como la llamada “primera combatiente” estrenaron sus respectivos programas de radio recientemente. En más de 365 días no hicieron ni una sola mención sobre el caso, ni sobre las presuntas pruebas que demostraban el supuesto secuestro de sus sobrinos.

El silencio del Poder Ejecutivo fue replicado por el Ministerio Público y la Contraloría General. La información presentada en el juicio indica que el tráfico de drogas fue facilitado precisamente por el vínculo de los acusados con la diputada y primera dama: abuso de poder, tráfico de influencias y corrupción aparecen como eje transversal de los hechos.

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“Si en este país existiera una separación de poderes, si se respetara el estado de derecho, si tuviéramos jueces independientes, un tema como este no sería tabú. En cualquier país del mundo llamaría mucho la atención pero los más interesados en aclararlo deberían ser ellos mismos (la pareja presidencial) porque el grado de consanguinidad por si solo no determina nada. Precisamente para proteger la majestuosidad del cargo y su nombre, deberían ser los primeros en ponerse a la orden para que se investigue”, explica el sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada.

“Lo mínimo que debió hacer la Fiscalía es iniciar una investigación de motu propio porque se trata de ciudadanos venezolanos que cometieron delitos que también son penados por la legislación venezolana”, sostiene Cedeño.

Por su parte el criminólogo Luis Izquiel también defiende que como varios de los hechos ocurrieron en Venezuela, como la utilización del aeropuerto de Maiquetía, la participación de pilotos de la Armada Nacional y el presunto enriquecimiento ilícito, son situaciones susceptibles de ser investigadas en el país, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. “Desde el punto de vista jurídico, lo que corresponde es que se establezca un contacto entre las autoridades estadounidense y venezolanas para trabajar mancomunadamente en el caso. Los hechos permanecen impunes y el Ministerio Público está en mora”, sostiene.

La Fiscalía venezolana puede solicitar a la Fiscalía estadounidense que lleva el caso, la revisión de las causas dado que son sus connacionales y puede abrir una averiguación aunque sea en ausencia de los acusados porque también se violaron leyes nacionales, explica Cedeño. Pero la institución no se pronunció durante todo el año que duró el proceso ni después de conocer el 18 de noviembre el veredicto de culpabilidad de Franqui Francisco Flores y Efraín Campos Flores en el juicio que los mantiene en una prisión de Nueva York en espera de la sentencia que se dará a conocer en marzo del  próximo año.

Sin embargo, el diputado Américo De Grazia le solicitó al organismo que abra un procedimiento de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, debido a que hay posibles vinculaciones por “el uso de la rampa presidencial, de funcionarios de las Fuerzas Armadas y pasaportes diplomáticos para favorecer al narcotráfico en la figura de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, que además es diputada”.

Pero el Ministerio Público está petrificado: No sabe, no responde es su actitud frente a este tema. Un caso tan importante como este que involucra a familiares de la pareja presidencial, el uso de la rampa 4 para el trafico de drogas y la asignación de aviones plenamente identificados y funcionarios de las FANB, deberían suficiente motivación para que el Ministerio Público inicie una investigación pero en Venezuela el MP parece haber sido castrado y carece de voluntad propia. Una vergüenza nacional.

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