(28/11/2016) La expresión narco-estado se escucha con frecuencia a raíz del veredicto contra los sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico. Más que un narco-Estado nosotros consideramos que Venezuela es un Estado delincuente, como lo hemos dicho desde la publicación del libro homónimo en 2013.

La corrupción política y la impunidad se han adueñado del país y el autócrata, llámese Chávez o Maduro, ha impuesto un modelo de pensamiento y partido único, donde el Estado es el partido y el partido es el Estado. En esa relación perversa se ha sustituido el Estado de derecho por un Estado delincuente (cleptocracia o kakistocracia), una mezcla entre el Estado forajido -violador de leyes – y el Estado fallido, aquel que no satisface las necesidades básicas de la población.

El narcotráfico es un componente importante de los delitos pero el principal es la corrupción política, donde se licúan diversos intereses en una relación perversa de complicidades entre lo ilegal y lo legal. En Venezuela no hablamos de carteles ni de mafias ni de estructuras rígidas porque lo que existen son redes que se hacen y se deshacen de acuerdo a cada caso.

Parte importante de esas redes es una especie de partido militar convertido en casta corrupta que controla desde las fronteras, los puertos y aeropuertos hasta las finanzas públicas. Si existen empresas de maletín responsables del saqueo cambiario es porque tienen la complicidad de la GN y Seniat. Las rutas y modus operandi utilizados en este delito, se usan también para el tráfico de drogas.

Los sobrinos de la pareja presidencial entraron en el tráfico de drogas de la mano de la corrupción política: sobornos, tráfico de influencias y cobro de comisiones a contratistas. Una evidencia clara de esto es el contrato otorgado por PDVSA de más de 132 millones de dólares al empresario Wilmer Ruperti y que esté a su vez asumiera el pago de los costosos abogados de los Flores.

Cuando Venezuela tenga un nuevo gobierno, urge dar prioridad al establecimiento de un nuevo Poder Judicial, autónomo e idóneo y con jueces titulares. Leyes de financiamiento de partidos políticos para evitar que el dinero ilícito privatice la política y la someta al dominio de la delincuencia organizada. Cuerpos policiales de élite para la investigación de la delincuencia organizada, para confiscar los bienes producto del delito, para quitar a los criminales su principal fuente de oxígeno que no es otra que el dinero.

Por Carlos Tablante

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