(30/11/2016) Desde hace varios días estuve recibiendo, de parte de queridos y respetados amigos, mensajes de solicitud para firmar el documento titulado “Una Propuesta Ciudadana”, redactada y promovida por venezolanos merecedores de mi mayor respeto, entre ellos algunos buenos amigos. Luego de leerlo una y otra vez, y de meditar mi posición ante su contenido, decidí no añadirle mi firma y además no expedirme públicamente sobre ella hasta que no terminase el proceso de recolección de adhesiones y el documento fuese presentado públicamente. Quise evitar que mi modesta objeción pública pudiera disturbar el recorrido de una iniciativa de innegable buena fue, aunque equivocada en mi criterio.

Antes de enumerar mis objeciones, debo recordar que he sido ardiente defensor de la ruta democrática, pacífica, constitucional y electoral trazada por el más amplio sector de las organizaciones opositoras al régimen, aún antes de existir la MUD y durante toda la trayectoria de ésta, a la que sigo considerando –con conocidas críticas- el centro de dirección política del pueblo democrático de Venezuela. He defendido también el concepto de Unidad como plataforma necesaria para llevar a buen puerto la aspiración de cambio del país, aunque he expuesto diferencias con quienes enarbolan el estandarte unitario con un dogmatismo cuasi religioso que la coloca como un fin en sí misma, a veces por encima del propio interés nacional. Dicho esto, expongo mis motivos:

1- La Propuesta Ciudadana tiene como punto de partida (en sus segundo y tercer párrafo) un grueso error conceptual, no sólo vistos en un enfoque político sino incluso desde el punto de vista teórico y académico. Me refiero al antagonismo que el documento establece entre política y violencia, con lo cual excluye a esta última del repertorio de las posibles acciones políticas y condena a cualquier iniciativa de enérgica protesta popular y ciudadana a un limbo que los autores no llegan a definir.

Si la violencia -sin importar su forma, origen o motivos- es excluida de la política, ¿entonces dónde ubicarla, acaso en el campo del delito o el terrorismo, como suelen hacer los tiranos con toda forma de protesta ciudadana? No sólo desde la clásica afirmación de Clausewitz –“la guerra es la prolongación de la política por otros medios”– el uso de la violencia por los oprimidos ha sido legitimada por la teoría política y hasta por la ética religiosa. Forma parte del patrimonio de la iglesia católica el derecho a la resistencia expuesto por Santo Tomás, donde queda explícitamente incluida la violencia: “La situación de violencia surge desde el poder cuando no se respetan las libertades y los derechos de las personas, lo que provocará una situación de rebelión, de violencia desde abajo, que pretende cambiar las instituciones, consideradas injustas desde el punto de vista popular”. Al tenor de ese documento, cómo definir las luchas independentistas americanas, asiáticas y africanas, o las resistencias armadas de los pueblos europeos y judío contra los totalitarismos nazi, fascista y comunista. Si ellas no fueron acción política, ¿qué habrán sido?

2- Por supuesto, no pretendo entrar en un debate teórico, académico o teológico: primero, porque los autores de “Una Propuesta Ciudadana” poseen mayores pergaminos que los míos en tales materias; segundo, porque yo mismo he sido un defensor de la vía pacífica por parte de los demócratas venezolanos; y tercero, porque lo último que necesita nuestra urgente lucha contra una malsana dictadura es un debate teórico o académico. Mi objeción se centra, pues, en el enfoque netamente político de un lamentable error de apreciación: condenar definitivamente la violencia -excluirla sin más del espacio de la política, sin matizar sobre sus formas, motivos u orígenes- en momentos en que una dictadura recién declarada cierra con el mayor cinismo todos los cauces para una salida pacífica y legal de la desgracia que sufre nuestro pueblo.

Cómo puede una ciudadanía enfrentar los bloqueos, agresiones y burlas institucionales de una pandilla empoderada, si desde los más elevados niveles de la intelligentzia nacional se abole y cuasi condena el derecho a la rebelión, que no es otra cosa que responder con determinación física y hasta violenta cuando ya no quedan otros resquicios para reestablecer “las libertades y los derechos de las personas” (Santo Tomás). Formulada en este contexto, la discriminación entre política y violencia conduce a una descalificación de cualquier acción popular, desde el lanzamiento de una piedra por una mano estudiantil o el derribo de una valla que cierra el camino de una manifestación pacífica, hasta la equivalente respuesta en cuanto a medios de un efectivo militar democrático ante el ataque armado contra el pueblo por parte de “colectivos” paramilitares. Y no se escandalicen, déjenme imaginar, porque estamos en las vísperas de situaciones como esta última. Y, lo más grave, contribuye a fortalecer el miedo que esa misma retórica –junto a fallidas aventuras ante las que yo mismo alerté en el pasado reciente- ha sembrado ya en densos sectores de nuestra ciudadanía: la expresión “yo no voy a ir a que me maten” se hace cada vez más frecuente en nuestro país, lo cual revela un ánimo que no existía en los venezolanos. La dictadura mide muy bien ese ánimo y eso la hace más agresiva y descarada en sus amenazas y provocaciones, ocultando muy bien el hecho de que, a estas alturas, ellos están incapacitados políticamente para ejercer una violencia anti-popular como la que usaron en el pasado.

3- Luego de enumerar superficialmente distintas formas de lucha, el documento nos aconseja “aprovechar todos los instrumentos de la Política” (sic) y pasa a desgranar su irrestricto apoyo al Diálogo. Comienza ello con una afirmación que, para decirlo con generosidad, es inexacta: “Haber obligado al gobierno a sentarse a dialogar es un triunfo innegable del pueblo democrático”. Me perdonan los autores y firmantes, pero aquí quien estuvo varios meses clamando por ese diálogo fue el régimen; incluso contrató costosos operadores políticos –cuatro expresidentes- para encerrar en esas paredes a la MUD, y promovió pactos ominosos con factores de la organización opositora para que desde adentro y de modo desleal nos llevaran a ese diálogo cuyo objeto era y es desactivar la condena internacional de sus atrocidades (algo que el diálogo, hasta ahora, les ha concedido con notable éxito). La MUD se sentó en esa mesa sólo cuando el Papa, urgido personalmente por Maduro, aceptó mediar el proceso como habían exigido nuestros dirigentes; por cierto, un día después de habernos arrebatado la única baza de negociación que teníamos en aquel momento, el Referendo Revocatorio. Ahora sólo nos queda una: la amenaza de movilizar enérgicamente al mayoritario pueblo que apoya el cambio, algo que “Una iniciativa ciudadana” se propone de entrada mediatizar, aunque lo haga de buena fe.

4- La Propuesta dedica el grueso de su contenido a encomiar el diálogo y a mostrar sugerencias y condiciones para que el mismo conduzca a resultados positivos para el país. Mas en tan exhaustiva enumeración no hay una palabra para la calidad de los negociadores, un factor crucial en estos procesos y que en el presente ha sido masivamente cuestionado por ciudadanos activos en las calles, medios y redes; compatriotas que luchan tanto como los honorables personajes que redactaron y firmaron el documento y merecen un mínimo comentario acerca de sus fundamentadas inquietudes. No les parece significativo a los autores y firmantes que uno de los negociadores oficiales de la MUD se haya pasado varios meses conspirando contra la línea oficial de la organización, literalmente cargándole el maletín a Zapatero, hasta el punto de que la propia MUD lo excluyó de la vocería internacional que detentaba. Ni que otro de ellos haya sido casi impuesto a la MUD por el régimen, un gobernador muy respetable pero que en todos estos años no ha terminado de asumirse como un claro opositor y que corre a ubicarse en un equidistante “centrismo” cada vez que las cosas se poner duras. Díganme ustedes cómo pueden negociar los valientes Chúo y Ocaríz, con poca experiencia en la materia (como ha quedado demostrado) y frente a unas hienas asesoradas por los peores diablos de la negociación política mundial. Esta omisión en el documento me recuerda el famoso chiste soviético de las “camaradas probadas, que lucharon con Lenin en 1905”, cuando se debía contratar a bailarinas para unos clubes de Can Can en los años 80 (otro día se los contaré completo).

 5- Entre las 4 condiciones para que “… esa mesa se asuma como algo serio…” el documento pone en primer lugar “Asumir un compromiso de apoyo al diálogo como proceso de negociación política, con etapas, pasos, tiempos, consolidación de hitos y logros, identificación de alternativas, evaluación de resultados, y con el Vaticano como mediador confiable…” Perdonen ustedes, el diálogo que ustedes describen no es el mismo que está reclamando Venezuela con urgencia extrema para crear condiciones inmediatas de reemplazo a esta desgracia de gobierno. Eso de las “etapas, pasos, tiempos, consolidación de hitos, identificación de alternativas…” se parece más a uno de esos vacilones que inventa Jorgito Rodríguez para exasperar al pueblo sufriente. No, amigos, ese concepto del diálogo extensivo y súper estructurado, como si fuesen las negociaciones sobre Vietnam, el Esequibo, o incluso las de paz en Colombia, no es lo que corresponde en nuestra sufriente Venezuela. Por fortuna tenemos a Henrique Capriles, quien anuncia la muerte de ese diálogo si el 6-D no hay resultados concretos. Bien criminal, más que errada, será toda tentativa de darle plazos laxos a un proceso que en tales términos sólo favorece a la dictadura.

6- En su párrafo 5 el documento depone olímpicamente el Referendo Revocatorio cuando declara, en passant “… luego del cierre de las salidas electorales…” Obviando los detalles que serían exigibles a tal afirmación –¿cómo se cerraron tales salidas… quién las cerró… habrá sido un huracán o un terremoto… será tal cierre irremediable… no se podría intentar reabrirlas…?– en el resto de su texto el documento apenas vuelve a mencionar la salida electoral, cuando menciona oblicuamente “… el respeto a los poderes electos y al voto popular, como primer paso para propender a un cambio de gobierno en el menor tiempo posible”. Lo de oblicuo lo digo por eso de “propender” y “menor tiempo posible”, un rodeo de lenguaje que haría exclamar a un viejo larense (en palabras más llanas, claro): “¿cómo dirán para invitar a alguien a la cama? Llama la atención que en tan prolijo documento no se mencione para nada la devolución del Referendo Revocatorio, secuestrado ilegalmente por la dictadura, ni las elecciones generales anticipadas que la MUD dice estar solicitando en la mesa de diálogo.

7- Lo cual nos conduce a lo que me luce el núcleo duro de “Una propuesta ciudadana”: “… el compromiso de conformar un Gobierno de Unidad Nacional con todos los sectores, amplio e incluyente…” Una propuesta sorprendente, si se la ubica en el genérico estilo y el contexto expositivo del documento. ¿Cuáles serían la naturaleza y forma de ese Gobierno de Unidad Nacional, en un contexto en el que se han cerrado las salidas electorales, y en el que el Referendo Revocatorio o las elecciones generales no les merecen una mención en tanto exigencias a ser formuladas en el diálogo? Me perdonan, pero un gobierno así deducido no sería otra cosa que uno de Maduro, o de un Vicepresidente por él nombrado antes de renunciar, rodeado por la MUD y por el contingente de organizaciones cívicas aludidas en el documento más sus firmantes individuales, intelectuales y académicos de tan buena fe y competencia que sacarían de la catástrofe al país, aunque de paso también a sus únicos causantes y beneficiarios.

8- Finalmente, tengo un comentario sobre el papel de los intelectuales y de la sociedad civil frente al poder, las instituciones y demás actores políticos, incluida la oposición. Ambos (intelectuales y sociedad civil) tienen la obligación de mantener una actitud despierta y crítica, presta al alerta, la revisión y hasta al cuestionamiento de aquello que no les resulte correcto o adecuado en la conducta de quienes tienen el papel de tomar y ejecutar las decisiones del quehacer político que afectan a toda la sociedad. Mal actúan quienes limitan ese rol a la complacencia, la subordinación o el acomodo tercerista, ya sea respecto del poder, de la disidencia o de instituciones en papel intermediario, como es el caso de la iglesia católica universal (no la nacional, en su mayoría, por cierto) en nuestro país. Lamento percibir que esa es la falencia principal de ese documento, de cuya responsabilidad eximo parcialmente a la mayoría de quienes lo suscribieron, sin duda de buena fe y sin mayor examen crítico.

No, gracias, amigos. Así no.

Por Thaelman Urgelles

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