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(14/12/2016) El poder de Maduro se licúa como el billete de 100 bolívares. 16 partidos y el presidente de la Asamblea Nacional han planteado una ruta, ya proyectada por la propia AN en sus históricos acuerdos del 23 y 25 de octubre pasado: declaración de responsabilidad política de Maduro, declaratoria de abandono del cargo por culpabilidad manifiesta; y, como corolario, destitución.

La opinión pública se pregunta, con justificación, qué valor tiene una resolución de esa naturaleza por parte de un Cuerpo al que la corte cochambrosa del poder constituido le niega todo reconocimiento. Muchos temen que podría ocurrir como con la Ley de Amnistía y otras decisiones parlamentarias que ni se acatan ni se cumplen. Por qué ahora sería diferente, si se tiene en cuenta la paciencia infinita de los cohabitantes políticos que arrastran los pies.

Esta resolución debe ser totalmente diferente. Sería el trazado de una línea definitiva entre la República civil y el Estado mafioso; operaría como el deslinde absoluto entre los convivientes y los lanzados al cambio perentorio. Se convierte tal resolución en la orden terminante del soberano, representado en la AN en cumplimiento del mandato del 6-D. Se le diría al país y al mundo entero que el Poder Ejecutivo y los poderes proxenetas que le sirven, están fuera de la Constitución y que todo lo que impida la remoción de Maduro es inconstitucional, ilegal, ilegítimo e inmoral.

A partir de ese momento, cada ciudadano –de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución– y el pueblo de Venezuela –de acuerdo al artículo 350– estarían obligados a rescatar la Constitución bajo la orden transmitida por la Asamblea en nombre del soberano.

La remoción de Maduro se convertiría en una orden terminante para todas las instituciones del Poder Público nacional, estatal y municipal. Muchos jueces tendrán que repensar su papel, así como magistrados, oficiales militares y policiales, gobernadores y alcaldes. En especial, un acuerdo de ese calibre coloca a la Fuerza Armada Nacional, a su Alto Mando así como a todos sus integrantes, en el dilema de acatar el mandato de restituir el hilo constitucional ordenado por la AN con la remoción de Maduro o continuar con el desconocimiento de la orden emitida por un poder legítimo.

Si la AN hace lo que ha ofrecido hacer y le ha sido demandado, especialmente desde que el diálogo nonato yace en la cuneta, el poder constituido controlado por Maduro se enfrentaría al poder constituyente en manos de la representación popular. Habría llegado la hora de correr o encaramarse.

Por Carlos Blanco

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