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(16/02/2017) Poco le duró a Tareck El Aissami la facultad para ejercer con poder y autoridad el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República. La sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sacó de un plumazo de la línea de sucesión a la Presidencia de Venezuela.

Además de congelar sus bienes y colocarlo en la lista de capos del narcotráfico, la medida lo inhabilita para suscribir convenios y acuerdos comerciales y económicos con países, empresas, instituciones y personas estadounidenses o que tengan relación con EE UU.

Técnicamente esto impide que El Aissami pueda cumplir las funciones de Presidente.

“Como resultado de la acción de hoy, las personas de los Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones o tratar de otro modo con estas personas y entidades (Tareck El Aissami y Samark López); así como también con cualquier persona y entidad que puedan tener sus activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos”, dice el documento publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el lunes 13 de febrero, con relación a El Aissami y su socio López.

El artículo 236 de la Constitución establece entre las funciones del Presidente de la República: “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos, internacionales”.

Pero al ser etiquetado como narcotraficante, El Aissami entró en una especie de cuarentena administrativa y difícilmente algún gobierno o empresa se arriesgará a acercarse al vicepresidente para transar negocios con el Estado venezolano. Rusia, China y hasta Cuba -principales aliados comerciales del gobierno de Maduro- tienen una estrecha relación financiera con EE UU que pondrían en peligro si se “contagian” con la condición especial del segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro.

“Esta sanción crea una gran inseguridad en las relaciones de la comunidad internacional con el Gobierno de Venezuela. En la práctica impide a El Aissami todo tipo de relación comercial con instituciones públicas o privadas y personas naturales de EEUU. Esto involucra a empresas del Estado y relaciones oficiales con otro países. Por esa razón el vicepresidente no podrá firmar ninguna orden ejecutiva que tengan que ver con negocios, convenios o acuerdos internacionales, pues de hacerlo estaría comprometiendo a esas empresas y a sus gobiernos con el gobierno norteamericano”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid).

Prisión hasta por 30 años y multas hasta por US$ 5 millones para quienes negocien con El Aissami

 “Las personas que colaboran o asisten materialmente a alguien que esté en las listas de la OFAC, pueden ser obligadas a pagar una multa hasta de un millón de dólares y ser condenados a pena de prisión hasta por diez años y multas de carácter penal hasta por diez millones de dólares. Los oficiales, directores y agentes de instituciones financieras que participen en la violación de esta Ley pueden recibir penas de prisión hasta por 30 años y multas hasta por US$ 5 millones”, dice un artículo publicado en la web AntilavadodeDinero.com.

En opinión de la ex jueza y experta en materia de drogas, “esta es una forma de aislamiento. Ningún gobierno va a querer negociar con una persona con una investidura tan grande, involucrada en un tema de drogas”. Con la inclusión de El Aissami en la lista negra de la OFAC, su sueño de llegar a ser Presidente de la República puede tener un final al estilo La la land: inesperado, frustrante y cruel.

La sanción, sin embargo, no afecta las funciones de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República, establecidas en los artículos 238 y 239 de la Constitución. Tampoco limita el desempeño de las funciones especiales asignadas a principios de febrero por Maduro.

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