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(02/03/2017) Durante esta semana se han comenzado a dar los últimos toques para la aplicación de la carta democrática por parte de la OEA al régimen de Maduro. Es muy poco probable que los nuevos interlocutores traídos por Maduro logren llevar a la mesa de dialogo a opositores despistados. El dialogo fracasó y el gobierno insiste en quebrantar las reglas democráticas.

Por lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reabrió desde mediados del mes de febrero el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela al anunciar que actualizará su crítico informe sobre el país con “los retrocesos ocurridos desde el pasado noviembre”.

Almagro hizo este anuncio desde la sede de la OEA en Washington tras reunirse durante dos horas con una delegación de la oposición venezolana que le pidió “reactivar” el debate de la Carta Democrática, un instrumento jurídico de la organización que tiene como última consecuencia la suspensión de un estado miembro.

Desde entonces, se han dado pasos agigantados para la aplicación de la Carta Democrática al régimen de Maduro y quizás el más importante haya sido el del senado norteamericano cuando en una Resolución de tres páginas, aprobada de forma unánime, la cámara alta del Congreso estadounidense manifestaron su apoyo a la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de invocar la carta democrática interamericana para evaluar la situación actual en Venezuela.

Los senadores presionaron al presidente Donald Trump a que “oriente a las agencias federales a hacer responsables a funcionarios de Venezuela por violaciones a la legislación estadounidense y abusos de derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

De esta forma, tanto el senado como la OEA reconocen que Venezuela no debe ser una tierra sin ley y debe respetar tanto los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela como en los acuerdos establecidos con organismos multilaterales.

La CDI, aprobada en septiembre de 2001 y de la cual Venezuela es signataria, tiene como principal objetivo “el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática de los Estados Miembros“. Contiene varios considerandos y 28 artículos, los cuales han sido violados, en su mayoría, por el gobierno venezolano.

El 1 y 2 nos hablan del derecho que los pueblos tienen a vivir en democracia y la obligación de sus gobiernos a “promoverla y defenderla” reforzando y profundizándola con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. En Venezuela es todo lo contrario, el sistema es dictatorial y represivo. El artículo 3 nos habla de la necesidad de respetar las libertades fundamentales. Aquí es a la inversa, el régimen impide elecciones libres y transparentes y no existe división de poderes.

Artículo 4: “Son componentes fundamentales de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”… Hasta las redes sociales las quieren controlar, censurar y apagar.

El artículo 7 se refiere al efectivo ejercicio de las “libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente” para que se pueda hablar de democracia. Bien sabe usted, que en toda la era chavista los presos políticos han ido en aumento y la crisis humanitaria se agrava cada hora. El régimen imperante en Venezuela transgrede el artículo 9, al discriminar y reprimir a quienes piensan diferente. Infringe también el artículo 10, porque obliga a los trabajadores públicos a plegarse a las doctrinas ideológicas del oficialismo, o… “pa fuera”.

Artículo 11: “La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. Aquí, la actividad económica privada es confiscada. Quizás uno de los crímenes más graves cometidos por el chavismo-madurismo es el haber destruido la educación de calidad; para la CDI, e “la clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza”… es precisamente la formación.

De modo que el escenario está claro para Almagro, para muchos opositores, para el senado norteamericano y para muchos países de la región exceptuando Nicaragua, Cuba y Bolivia.

El tiempo de la Carta Democrática ha llegado.

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