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(01/04/2017) Luego de la obra de teatro bufa montada por los magistrados del TSJ, la Fiscal Luisa Ortega Díaz y el mal llamado mandatario Maduro donde los magistrados despojaban a la Asamblea Nacional de sus funciones, la matriz de opinión que se ha generado es que estos magistrados golpistas deben ser destituidos. No hay vuelta atrás.

Por este motivo, el magistrado ex presidiario, ahora convertido en presidente del TSJ, Maikel Moreno ha salido a enfrentar esta tendencia irreversible  al convocar una rueda de prensa al lado de Tareck El Aissami para afirmar que “Las decisiones emanadas del TSJ no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto ni anulado y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa”.

Pero el asunto es que la sentencia en la cual el TSJ asumía las competencias de la AN decía claramente que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

En mala hora estos magistrados exprés sin las credenciales para desempeñar tan altos cargos se precipitaron para encumbrar a Maduro a una posición casi de emperador pero no contaban que en esa obra bufa, los errores serían pagados por ellos mismos pues Maduro no pondría su pellejo para salvarlos.

Ahora la situación es que la matriz nacional e internacional que se ha creado luego de que el TSJ publicara las sentencias 155 y 156 es que en Venezuela ocurrió un golpe de Estado. Desde el ciudadano más común hasta gobiernos de otros países calificaron así este hecho innegable.

¿Qué hacer entonces con estos magistrados?

Según PROVEA, No se puede atentar contra democracia, rectificar y pretender salir impune. Magistrados TSJ deben ser destituidos y procesados penalmente. Hay que iniciar procedimiento de sustitución de los magistrados del TSJ, por el delito cometido.

Por su arte Cecilia Sosa, ex magistrada del TSJ afirma que los integrantes del TSJ no pueden seguir en esos cargos ya que son responsables de haber derogado la Constitución.

El Abogado Luis Marcano‏ afirma que la Sala Constitucional del TSJ no está facultada por la Constitución y la ley a cambiar sus sentencias 155 y 156. Desconocen el estado de derecho.

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Nelson Bocaranda comenta que le escribe un jurista serio: “Estas sentencias del rojo TSJ parecen redactadas por una mezcla de Idi Amín con los Tres Chiflados”.

Pero lo más importante que esta tras este hecho bochornoso es que muchos expertos consideran que las declaraciones o acciones hechas el viernes por la titular del Ministerio Público y representante de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz da luz verde para que se actúe en contra de los magistrados de la Sala Constitucional que avalaron las sentencias.

Esto da pie para que proceda de su parte la formalización de una denuncia ante el Poder Moral Republicano por la comisión de una “falta grave” de los magistrados que avalaron la decisión.

Así, la funcionaria podría – si en verdad se ha desmarcado del gobierno de Maduro – activar o convocar el proceso de destitución de los integrantes de la Sala Constitucional, entre ellos el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Tal “deber ser” está estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, artículo 10, numeral 10: “El Consejo Moral Republicano, conformado por la Fiscalía, Contraloría y la Defensoría del Pueblo, debe calificar las faltas graves que hubieran cometido los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es causal de remoción”.

De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, la posición de Ortega frente a las sentencias que dieron poderes plenos al Presidente Maduro y terminaron de vaciar de competencias a la Asamblea Nacional, es de esperarse que, cumpliendo la ley, solicite la calificación de falta grave de estos magistrados ante el resto del Consejo.

Quién decide ¿el TSJ o la Asamblea Nacional?

“El problema es que al final el propio TSJ puede bloquear esa acción”, argumentó el abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera. Si bien esos magistrados no podrían decidir en su caso, no se puede esperar del resto una decisión imparcial”, agregó.

Por su parte, la Asamblea Nacional debería designar directamente a nuevos magistrados, previa anulación de todas las designaciones de diciembre de 2014 y 2015, ya que actuaron como operadores políticos.

La próximos días sabremos en qué dirección se mueven las piezas

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