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(05/04/2017) Transparencia Venezuela informa a través de su página web que continua sumando adhesiones para llevar a instancias internacionales de protección de derechos humanos la denuncia contra el Estado venezolano por violación a los derechos de identidad y libre tránsito al no tramitar o entregar pasaportes en los lapsos previstos.

La medida se mantendrá hasta que el último venezolano que espera por su documento, tanto en Venezuela como fuera del país, pueda hacer el trámite o reciba el pasaporte de parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME.

La intención de proseguir con la medida de presión se anuncia luego que el viernes 3 de marzo, el SAIME habilitó una nueva forma de gestión “que permitiría recibir el documento en 72 horas si se habita en Caracas y en 120 horas en el interior del país”.

De acuerdo a la nota de prensa del SAIME recibida en los medios de comunicación, desde el 1° de marzo el pasaporte pasó a costar Bs. 54.600 (Bs. 51.000 por la cita + 3.600 por la impresión del documento) y si es habilitado, Bs. 122.400. Estos valores representan un incremento de 1.516% o 15 veces su valor en el caso de los no habilitados y de 3.400% o 34 veces su valor, en el caso de los habilitados.

Sobre esta medida, Transparencia Venezuela señala varias irregularidades:

  • No existe publicación en Gaceta Oficial de la República de algún instrumento jurídico en el que se justifiquen estos cobros por la prestación del servicio para la tramitación y expedición del pasaporte distinto a las 12 unidades tributarias (numeral 1 del artículo 7 de la Ley de Timbres Fiscales de noviembre de 2014) que a la fecha equivalen a Bs. 3.600.
  • Discrimina a los venezolanos de menos recursos.
  • Discrimina a los venezolanos no bancarizados, al establecer que algunos de los pagos deben hacerse con tarjeta de crédito, así como también discrimina a aquellos que estando bancarizados, no tienen capacidad de endeudamiento para cubrir los nuevos costos de estos trámites.
  • Discrimina a los venezolanos que están radicados en el extranjero, pues esta habilitación solo aplica para tramitar el documento en Venezuela.
  • No establece expresamente el tiempo en que serán entregados los pasaportes no habilitados.
  • No establece de qué manera se regularizará la entrega de los pasaportes tramitados antes del 1° de marzo de 2017, en cuyo caso no deberá cobrarse habilitación pues no se puede agilizar un trámite que se encuentra retrasado por causas imputables al órgano responsable de la prestación del servicio.

Asimismo, esta Organización señala la improvisación con la que el organismo ha manejado este asunto de vital importancia: la medida aún no es oficializada en Gaceta para el día de hoy (7.03.2017); el viernes 3.03.2017 se pudo constatar que algunas oficinas del SAIME, en horas de la tarde, permanecieron cerradas al público y su personal se manifestaba a la espera de una inducción sobre el nuevo procedimiento; una semana después del anuncio funcionan precariamente tanto el sitio web del organismo www.saime.gob.ve como su call center 0800 SAIME (0800 72463).

A través de su departamento Asistencia Legal Anticorrupción, desde los últimos días de enero, Transparencia Venezuela ha estado abocada a apoyar a los miles de venezolanos que han visto violentados sus derechos de identidad y al libre tránsito por parte del Estado. Se han recopilado 115 denuncias a través de su plataforma de asistencia legal Dilo Aquí y estas fueron remitidas con  planteamientos concretos ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República y ante el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Si quieres unirte a esta iniciativa, visita la página de Transparencia Venezuela y firma el formulario

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