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(09/05/2017) El distanciamiento que el Ministerio Público ha marcado respecto a las inconstitucionales sentencias del TSJ y el reconocimiento de que el pueblo tiene el derecho a la protesta, ha hecho que el gobierno de Maduro se aparte aún más de la Constitución y haya ordenado que todos los detenidos en manifestaciones sean enviados a tribunales militares para ser juzgados.

Según el abogado Alfredo Romero, director de la organización de derechos humanos Foro Penal  “Hasta ahora han sido presentadas ante tribunales militares 75 personas. A 50 de ellas se les ordenó privativa de libertad.

Para este lunes estaba prevista la comparecencia de otros 40 civiles, añadió Romero, quien denunció que la medida es “ilegal”, pues ningún civil puede ser juzgado por militares.

Las audiencias se iniciaron el pasado viernes en un destacamento de Valencia -capital del estado Carabobo (norte)-, pero luego se trasladaron a un urbanismo de esa ciudad, donde tuvieron lugar entre el 2 y 4 de mayo protestas contra Maduro y saqueos que dejaron un muerto, varios heridos y detenidos, y decenas de comercios arrasados.

Los 50 privados de libertad fueron enviados a una cárcel del estado de Guárico, según el jurista Luis Betancourt, de Foro Penal, asociación que registra otros 11 encarcelamientos entre el 4 y el 30 de abril en Caracas y en el estado de Lara (oeste).

Ningún funcionario oficial ha confirmado estas denuncias.

Romero señaló, por otra parte, que se ignora el número total de detenidos que serán llevados ante los militares, pues solo se sabe de ellos a medida que son presentados ante el tribunal. “Están incomunicados”, aseguró.

Enfrentan cargos de instigación a la rebelión y vilipendio, aun cuando algunos de ellos fueron detenidos por robo, denunció el jurista. “Se les incorporan delitos que no tienen nada que ver con la acusación”, sostuvo.

La fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras iniciadas el 1 de abril, que han dejado 36 muertos y cientos de heridos y apresados.

Según la oposición, la Fiscalía se niega a imputar a esas personas, por lo que el gobierno estaría recurriendo a cortes marciales.

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