lucia_rodriguez

(17/05/2017) Si yo le pregunto a usted, amable lector, ¿justifica el escrache al genocida argentino, que después de desaparecer, torturar y asesinar opositores, entregó su hijo recién nacido al verdugo para que lo criara como propio? ¿Considera justo que, tras ser indultados por Carlos Menem, estos esbirros se paseaban tranquilamente por las calles de Buenos Aires y de Rosario, y se sentaban a departir en los cafés, hasta que un ciudadano se paraba delante de ellos a imprecarlos y echarles en cara sus crímenes y su descaro?

Amigos a quienes he planteado estas preguntas se apresuraron a decir que están totalmente de acuerdo con estas acciones, pero algunos hicieron la salvedad de que no aprueban que se extiendan a los hijos de quienes se pretende denunciar.

Escrache es un término acuñado en el cono sur para aludir a una forma de protesta, —muchas veces espontánea, puesto que puede activarse cuando se produce un encuentro fortuito con el opresor— que consiste en llevar a cabo una acción directa de reclamo a quien está a salvo de la justicia porque forma parte de una cúpula privilegiada. Ciertamente, el escrache puede dirigirse contra menores, que no son responsables de la acción de sus padres. Pero esto no se aplica a los hijos adultos de quienes cometen delitos de manera sistemática y gozan de impunidad, garantizada por el mismo sistema que les ha servido para enriquecerse y disfrutar de bienes muy por encima de sus ingresos como funcionarios.

Este es el caso de la hija de Jorge Rodríguez, encumbrada figura del chavismo y abonado permanente a los abusos de la dictadura, quien fue enfrentada verbalmente en una playa en Australia, donde reside, por otras venezolanas que le echaron en cara que, por culpa de su padre, “hay gente muriéndose”. Una verdad, por cierto, irrebatible. Las autoras del escrache le exigieron a gritos —no llegaron a tocarla— que cumpliera “su deber como venezolana” y se pusiera “del lado del pueblo”.

Al hacer esto, por cierto, esas mujeres asumían las consecuencias de sus actos, puesto que en Australia rige un estado de Derecho. Y es muy probable que eso haya influido en la decisión de la joven Rodríguez para elegir ese país.

¿Es culpable la hija de Jorge Rodríguez de los crímenes de su padre?

No. Claro que no. Pero un minuto después de cumplir 18 años, se convirtió en adulta y adquirió la potestad de elegir sus opciones. Una adulta sabe perfectamente cuál es la situación de los jóvenes venezolanos, su falta de oportunidades, sus carencias de comida y medicinas, el acoso de que son objeto por el hampa común y por la dictadura. Una adulta sabe que los estudios en el exterior cuestan mucho dinero, una erogación que rebasa con mucho las capacidades económicas de un funcionario público en Venezuela, por elevado que sea su rango. Sabe que la inmensa mayoría de los jóvenes venezolanos no tienen acceso a una oportunidad como esa e incluso muchos ven negada una educación de calidad, porque el deterioro del sector es gravísimo.

Una adulta sabe que muchos, muchísimos, jóvenes quisieran viajar, ver el mundo aunque fuera una semana, pero no pueden. Y no pueden porque el depredador bolivariano les cercenó esa posibilidad. Pero ella sí la tiene. Y la tiene porque su familia es cómplice y beneficiaria de una tiranía culpable de la destrucción de Venezuela y del asesinato e inseguridad de muchos jóvenes que no pueden pasearse por las playas con la tranquilidad de que ella goza.

Cada privilegio de un jerarca chavista y de sus familias es obtenido a costa del país. Cada boleto de avión para el extranjero es sufragado con la sangre de un adolescente asesinado. Cada paseo por bulevares libres de colectivos es financiado con el bienestar de una generación de venezolanos que ha sido víctima de la tragedia organizada por personas como Jorge y Delcy Rodríguez.

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Uno no puede escoger a sus padres. Pero en el instante de cumplir 18 años sí puede escoger lo que apoya y de lo que se hace partícipe. Esto se aplica no solo a los parientes de los corruptos que con los recursos robados al país ponen a los suyos a salvo del horror que han creado, sino también a quienes están “aprovechando” que un familiar ocupa una posición en el cuerpo diplomático “para estar un tiempito aunque sea lejos de este infierno”. Esas embajadas, consulados y organismos multilaterales representan a la tiranía. Son la extensión de sus garras y están, por tanto, pringados de sangre inocente.

No hay padre venezolano en su sano juicio que no quisiera poner a sus hijos fuera del alcance de la tiniebla chavista, pero, aparte de quienes han hecho fortuna con su trabajo e industria, —que son poquísimos en este país al que se le ha negado la inversión y el crecimiento económico—, solo pueden hacerlo los “enchufados”. Esta expresión venezolana califica peyorativamente a quienes se aprovechan de la tragedia de Venezuela para sacar un provecho personal. No se aplica a los humildes trabajadores del Estado, víctimas también de la devastación nacional.

Los escraches no son deseables. Los demócratas jamás postularíamos nada distinto a las leyes como sanción a quienes han delinquido. Pero los venezolanos no tenemos la ley de nuestro lado. No podemos contar con las instituciones y ni siquiera con los medios de comunicación, porque también han sido confiscados y son usados por el tirano para burlarse de nosotros y hacer mofa de nuestro dolor, de nuestros muertos y de nuestra aspiración de justicia. La tiranía ha clausurado todas las formas de expresión y todos los cauces para dirimir las tensiones.

Como bien ha observado la escritora Guadalupe Burelli: “Quizás el papá de Lucía Rodríguez ha debido pensar que por su culpa le iba a poner el mundo chiquitico a su hija. En realidad ella es víctima de él, no de quien la increpa en una playa de Australia”.

Para sustentar la inteligente afirmación de Burelli, recordemos las acciones de Jorge Rodríguez en los últimos diez meses. No vayamos muy lejos en su prontuario. Revisemos solo y someramente los últimos diez meses.

  • El 26 de julio de 2016, Rodríguez solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la cancelación de la inscripción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como partido político, con el argumento de que las firmas recogidas para tal fin por la coalición opositora eran inválidas.
  • El 21 de octubre, Jorge Rodríguez, como jefe de la comisión para la verificación de firmas, confirmó la decisión del CNE de suspender hasta nuevo aviso el Referéndum Revocatorio Presidencial, solicitado por la oposición y contemplado en la Constitución Nacional.
  • El 3 de noviembre, Rodríguez, designado por la dictadura como coordinador de la mesa de diálogo con la oposición, anunció que no habría elecciones de gobernadores en 2016 —como exigía el país y como lo pauta la Carta Magna. Naturalmente, el diálogo quedó inhabilitado como forma pacífica de allegarse a acuerdos.
  • Y el 2 de mayo de 2017, unos pocos días antes de que la joven Rodríguez fuera increpada en una playa australiana, su padre apareció en su programa de televisión diciendo, entre risas: “¿No querían elecciones? No existen elecciones más generales que una Constituyente”. Es decir, no habrá los comicios establecidos en la Constitución, pero sí un fraude que Nicolás Maduro se saca de la manga para no medirse democráticamente y perpetuarse en el poder sobre un país pisoteado.

¿Qué queda, entonces? ¿Qué nos dejan los jorges rodríguez y sus familiares mayores de 18 años, que escogen enchufarse a la máquina donde se muele el país y de donde salen los millones que financian su evasión de esta Venezuela invivible?

Por Milagros Socorro en El Estímulo

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