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(21/05/2017) Existen dos precedentes de órdenes de captura libradas por la Corte Penal de La Haya contra jefes de Estado en ejercicio: Muamar Gadafi (Libia) y Omar Hasán Ahmad al Bashir (Sudán). Al parecer, hay un tercer candidato, con fuerza para engrosar la lista.

La Razón.net

Aumenta la posibilidad de una orden judicial internacional contra Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos. El pésimo concepto, en el ámbito planetario de su gobierno, la sumatoria de delitos graves que se le atribuyen, agre-gados a su diplomacia de guapetón de barrio conducen a tal callejón sin aparente salida.

Nada más que en la Corte Penal Internacional cursan las siguientes denuncias en su contra:

  • La del 7 de abril del 2014 por 198 legisla-dores de ocho países latinoamericanos, por la represión masiva y generalizada contra los manifestantes de aquel año.
  • La del 2 de septiembre de 2015 del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por los supuestos crímenes de lesa humanidad relacionados con la deportación masiva de ciudadanos colombianos.
  • La del historiador y ex parlamentario tachirense, Walter Márquez, por las mismas deportaciones masivas.
  • La del defensor de Leopoldo López, abogado Juan Carlos Gutiérrez y el dirigente de Voluntad Popular en el exilio Carlos Vecchio.
  • La de la activista de derechos humanos, Tamara Sujú, enfocada en los numerosos casos de tortura, para concluir con las que presentarán en los próximos días un grupo de parlamentarios colombianos, según resolución adoptada este mismo mes y por la Asamblea Nacional de la propia Venezuela según acuerdo del pasado i8 de abril. Pero están,
  • Además, 19 opiniones adversas al Estado venezolano, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que dictaminan acerca 30 casos de privaciones ilegítimas de libertad como patrón de persecución política.

El Principio de Jurisdicción Universal

El célebre juez Garzón dictó orden de encarcelamiento del tirano Augusto Pinochet, apoyado en el principio de ‘jurisdicción universal”. Basada en este último, cualquier autoridad judicial de cualquier país está en capacidad de adoptar tal clase de medidas en materia de delitos de lesa humanidad.

Nada más que por las deportaciones en la frontera con Colombia. Maduro habría cometido semejantes ilícitos contra ciudadanos de numerosos países.

La minuciosa denuncia de Walter Márquez documenta víctimas de Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Costa Rica, Guatemala. Brasil, Paraguay, México, Chile, Canadá, España, Francia, Estados Unidos, República Dominicana y Aruba.

Cualquier juez criminal de esos 16 países está habilitado para librar orden de captura del jefe de Estado de Venezuela, por supuestos ilícitos de lesa humanidad, en perjuicio de sus connacionales. Grupos de juristas de Colombia afinan sus alegatos para proceder en tal sentido.

Ya Chile ha afirmado su jurisdicción universal con el pronunciamiento en relación con el caso de Leopoldo López. El grado de conexidad, como exige el “principio de jurisdicción universal”, es por demás notorio en el caso del abogado y editor Braulio Jatar, por su condición de chileno. Nicolás Maduro, por su supuesta doble nacionalidad colombo-venezolana, sumaría conexidad a los tribunales colombianos. Una bomba de tiempo judicial.

Existen dos precedentes de órdenes de captura libradas por la Corte Penal de La Haya contra jefes de Estado en ejercicio: Muamar Gadafi (Libia) y Omar Hasán Ahmad al Bashir (Sudán). Al parecer, hay un tercer candidato, con fuerza para engrosar la lista.

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