Dia_d_Venezuela

(27/07/2017) El fin de semana estuve invitado por la Asociación Civil Venamérica para exponer en la Florida International University sobre “Venezuela el día después”, específicamente el tema de justicia: ¿Qué hacer y cómo hacer cuando se restaure la democracia? Mi planteamiento consistió primero en el diagnóstico del problema y segundo, los posibles remedios.

Por Carlos Ramírez López en El Nacional

El diagnóstico es simple, está a la vista, todo el sistema judicial venezolano está destruido como destruidos están la economía, el sistema educativo, el sanitario, la vialidad, etc. Nada ha escapado a esta vorágine socialista. Los remedios aplicables sí que son complejos; han de ser de dos tipos: unos para la actuación inmediata para satisfacer la inaplazable necesidad de justicia que el país reclama, y otros para restablecer el aparato judicial y normalizar la prestación del servicio ordinario en sus distintas áreas.

He escrito y explicado bastante sobre cómo hicieron para destruir el sistema judicial y no me cansaré de repetirlo: todo comenzó con aquel truculento proceso constituyente de 1999, mediante el cual el 3 de agosto concretaron el asalto a toda la institucionalidad e instauraron su régimen. Ese día en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, Luis Miquilena, quien hasta poco antes había sido ministro del Interior, de Chávez, y entonces nombrado presidente de la asamblea nacional constituyente, dio un discurso en el cual lo anunció todo: “Estamos presenciando no el cambio de un equipo de gobierno por otro equipo de gobierno, estamos en presencia de un cambio de sistema por otro sistema”.

Así de claro fue el anuncio, el sistema socialista de un solo poder público sustituía al sistema democrático republicano de separación de poderes. Seguidamente dictó su fatídico primer decreto: “Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la asamblea nacional constituyente, y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha asamblea. La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante mantendrá su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la asamblea nacional constituyente”.

Al otro día el segundo decreto fue para la intervención y reorganización de todos los órganos del Poder Público. El otro decreto fue el de reorganización del Poder Judicial con el cual intervinieron a los 1.200 tribunales del país, quitaron y pusieron jueces a la conveniencia del partido y de sus jefes, intervinieron la Corte Suprema de Justicia y más adelante la sustituyeron por este Tribunal Supremo al cual, de una vez, le nombraron a dedo a sus magistrados y pusieron a funcionar a su novísima Sala Constitucional antes de que entrara en vigencia la nueva Constitución.

Así nació este monstruo (TSJ) antes de que naciera su madre, la Constitución en la cual se le creaba. De inmediato aquella Sala Constitucional se puso a dictar sentencias que en resumen decían que todo aquel asalto, todo aquel golpe, era legal. En mi libro El fruto del árbol envenenado. La constituyente como excusa para matar al Estado democrático están descritos y demostrados los detalles.

El resultado de aquellos actos es lo que tenemos hoy, un Poder Judicial infectado de pies a cabeza al cual hay que rehacer en un proceso que sería largo describir en un artículo como este, pero mientras ello se materializa habrá que dar respuesta a temas inmediatos como el juzgamiento a esta banda criminal que usurpando las instituciones las han pervertido para llegar a esta dictadura feroz, implacable, avalada por una fuerza militar corroída por la corrupción, por el narcotráfico, entregada y manejada por la dictadura cubana. ¿Qué haremos con ellos? ¿Los juzgaremos con estos tribunales y con estas leyes? ¿Esperamos a reconstruir el sistema para juzgarlos?

Habrá que implementar un sistema de justicia transicional que, entre otras tareas, defina la formación y atribuciones de un sistema especial para una situación especial de imposible atención con los medios de la justicia ordinaria que hay que reconstruir. He propuesto formar un alto tribunal de justicia transicional integrado por juristas honorables, estudiados y talentosos de los muchísimos que hay en Venezuela, esto bajo un estatuto del modelo del Tribunal de Núremberg, el de Tokio, y más recientemente los de Ruanda y la ex Yugoslavia. Juicios con debido proceso y con atribuciones para aplicar penas de cadena perpetua a quienes se sentencien culpables del genocidio y lesa humanidad que vienen cometiendo, de los saqueos a los dineros públicos que han producido hambre y miseria para el sufrimiento del pueblo, dineros que habrá que buscar donde los tengan, para restituirlos a las arcas del Estado. Hay que implantar un régimen de justicia universal para también perseguir a los responsables de este desastre hasta en el último rincón del planeta, el modelo dejado por Simón Wiesenthal en su persecución a los esbirros nazis será el apropiado.

A los legítimos propietarios víctimas de las mal llamadas expropiaciones hay que devolverles de inmediato lo que les despojaron, y todo eso no puede esperar a que se recomponga el sistema judicial, se hagan concursos para nombrar a los nuevos jueces. Todo esto y más está en el proyecto que expuse en aquel foro y que aquí seguiré desarrollando… Continuará.

El Nacional

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