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(27/09/2017) Esta semana se conoció que la mortalidad por desnutrición en los hospitales pediátricos ha aumentado en los últimos tres años en 260 %. Los niños venezolanos están muriendo de hambre. Esto sucede en un país que solo hasta 2014 había destinado más de 2.400 millones de dólares a la compra de un millón de toneladas de comida. De esa suma, solo se habría entregado el 14 por ciento. El resto fue hallado en estado de descomposición en contenedores ubicados en Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo, en lo que se conoce como el caso Pudreval.

No había interés en distribuir los alimentos, comprados con sobreprecio y en su mayoría a punto de caducar, sino en obtener dólares preferenciales a través de sobornos a los responsables de asignar contratos en CASA, Veximca, Suvinca, Pdvsa-Pdval-Bariven y de certificar el ingreso al país, deber del Seniat, el Ministerio de Salud y la GNB.

Lo que debió ser un plan para alimentar a los sectores más vulnerables con la importación de alimentos a dólares preferenciales, terminó siendo el episodio más escandaloso en la historia de la corrupción. Además, es el caso con mayor impunidad ya que ni un solo funcionario o contratista ha sido condenado por este macro fraude a la nación.

Robar los recursos destinados a la alimentación no sólo es un delito penal, es un delito contra los derechos humanos, es decir, contra los Derechos económicos, sociales y culturales de la Humanidad (DESC).

Más allá del perjuicio al patrimonio público hay un daño profundo e irreversible: la muerte de venezolanos por desnutrición. Se trata de una violación directa del derecho a la salud y a la vida.

En la actualidad, continúan las operaciones irregulares en la adquisición de alimentos por parte del régimen de Maduro. Los escándalos alrededor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o programa CLAP, así lo confirman.

Como si fuera poco, a la corrupción se suma la discriminación política con la venta de las cajas CLAP, a las que solo tienen acceso los ciudadanos que poseen el denominado “carnet de la patria”.

El acceso a la alimentación como arma proselitista queda en evidencia en la forma descarada en como los candidatos del PSUV a las elecciones regionales utilizan el programa, en el que solo tienen cabida sus supuestos seguidores, que seguramente no votarán por ellos porque saben que son los responsables de la tragedia que vivimos.

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El jefe del Centro Nacional de Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, ha dicho que “las cajas de los CLAP son solamente para los sectores “más vulnerables” de Venezuela, porque “las clases media y media alta tienen recursos suficientes para comprar en el mercado normal venezolano, e incluso traerlos importados”.

Nosotros nos preguntamos ¿A qué clase media se refiere Bernal? ¿A la misma que eliminó este sistema anacrónico, fiel copia del fracaso cubano? La clase media venezolana no existe. Actualmente solo hay dos clases, los pobres, que son la mayoría, y los ricos, los enchufados y sus relacionados.

Estas declaraciones demuestran claramente que el régimen está consciente de que está condenando a morir de hambre a una gran parte de la población venezolana, a la que cínicamente considera de clase media, la cual en la realidad no tiene los recursos necesarios para comprar alimentos a los monstruosos precios que marca la hiperinflación generada por la corrupción y el despilfarro del propio régimen.

Tampoco es cierto que este programa llegue a la mayoría empobrecida en todo el país, como demuestran los altos indicadores de pobreza extrema y crítica que aumentan aceleradamente, así como el constante reclamo de los sectores populares por la ausencia de alimentos. No hay carne, no hay pollo y ahora ofrecen conejos como la gran solución. Es una burla macabra inaceptable.

Someter a un pueblo a la tortura del hambre y a la muerte por desnutrición de manera selectiva (los que no tienen el carnet de la patria) y sistemática (antes con Pdval y ahora con las cajas Clap), es una brutal violación de los derechos humanos que puede ser incluida en el expediente del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

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