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(22/10/2017) Durante todo el proceso electoral para la elección de gobernadores desarrollado entre agosto y octubre de 2017, desde la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y desde la presidencia de la República se formuló reiterada y públicamente la amenaza de que los gobernadores de Estado que pudieran resultar finalmente electos, para poder ejercer sus funciones,  debían  previamente  “reconocer”  a  la  Asamblea  Constituyente  como  poder supremo y originario, o de lo contrario no podrían ejercer sus cargos.

La orden quiso cumplirse de inmediato, de manera que al día siguiente de la realización de las elecciones, la Presidenta de la fraudulenta Asamblea Constituyente anunció que al siguiente día, 17 de octubre de 2017 sería el acto de juramentación de ante la Asamblea Constituyente de todos los gobernadores de Estado electos, sin lo cual, se anunció no podrían tomar posesión de sus cargos.

El espectáculo no se realizó el día anunciado, sino al siguiente 18 de octubre de 2017, quedando  todo  el  “espectáculo”  materializado  en  un  “decreto”  constituyente completamente inconstitucional mediante el cual – por lo que se refiere a los gobernadores que se negaron a acudir a “subordinarse” ante la Asamblea Nacional – se desconoció la voluntad popular de los electores que en cada Estado los habían electo.

La Constitución de 1999, en efecto, establece sobre el régimen de los Estados, que es de la “competencia exclusiva” de los mismos “dictar su Constitución para organizar los poderes  públicos,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  esta  Constitución”  (art.  164.1), estableciéndose en consecuencia en todas las Constitución estadales que los gobernadores, una vez electos, para tomar posesión de sus cargos, deben juramentarse ante el respectivo Consejo Legislativo de los Estados.

Todo ello fue pateado por la Asamblea Constituyente, la cual el 18 de octubre no sólo procedió a juramentar a los 18 gobernadores que habían sido proclamados electos de las filas de los candidatos del gobierno, sino que impuso que aquellos electos de candidatos de la oposición, no podrían ser juramentados ante los Consejos Legislativos de los Estados, y por tanto, a pesar del voto popular que los eligió, no podrían ejercer el mandato que el pueblo les dio, salvo que se subordinaran y sometieran a la Asamblea Constituyente. Todo ello apareció publicado en la Gaceta Oficial  No. 41259 del día 18 de octubre de 2017, la cual por supuesto solo fue conocida el 19 de octubre, en la cual, la Asamblea Nacional Constituyente resolvió que:

Primero:  “Se  declaran  juramentados  ante  esta  soberana  Asamblea  Nacional Constituyente”  los  gobernadores  de  los  siguientes  18  Estados  Amazonas,  Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, y Yaracuy.

Segundo: “Se ordena a los Consejos Legislativos como voceros de la población del estado en cada uno de sus ámbitos político territoriales, proceder a la juramentación de cada gobernadora o gobernador electo antes de ocupar el cargo, de conformidad con la Constitución vigente de cada estado. En dichos actos estarán acompañados por las y los Constituyentes de cada estado.

Tercero: Se prohibió a los Consejos Legislativos “juramentar a aquellos gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente.” Esto  último  implicó,  en  consecuencia  que  los  gobernadores  de  Estado  que  fueron electos  en  los  Estados  Anzoátegui,  Nueva  Esparta,  Táchira,  Mérida  y  Zulia  y  que  no acudieron a subordinarse ante la Asamblea Constituyente y a regalarle la autonomía que garantiza  la  Constitución  (art.  159),  no  pudieron  tomar  posesión  de  sus  cargos, constituyendo el acto “constituyente” de la Asamblea una usurpación y fraude a la voluntad del pueblo expresada en dichos Estados.

En todo caso, como en dichos Estados, a falta de Gobernador electo que pudiera ejercer sus funciones, el gobernador no electo popularmente que sería “aceptado” por la Asamblea Nacional Constituyente sería el que designasen los respectivos Consejos Legislativos de las entidades, que el gobierno controla, en la misma Gaceta  Oficial, aparecieron publicadas sendas Resoluciones de la misma fecha, emitidas por el “Ministro del Poder Popular del Interior, de Justicia y Paz” quitándole a dichos Estados sus competencias exclusivas en materia de policía (art. 164.6, Constitución), para lo cual se decretó la “intervención” de los Cuerpos de Policía de los mismos, designando una Junta de Intervención para cada Cuerpo de Policía. Así, en una misma Gaceta Oficial , la Asamblea Constituyente de un plumazo vació al pueblo de dichos Estados de su poder exclusivo para elegir gobernadores libremente; y el Poder Ejecutivo vació a los Estados de sus competencias exclusivas en materia de policía.

Antes, incluso, para minar el ejercicio de sus funciones a los gobernadores de oposición que hubieran podido llegar a tomar posesión de sus cargos, el Ejecutivo Nacional amenazó con nombrar funcionarios nacionales en los Estados que asumieran el control de todos los órganos periféricos de las Administraciones de los Estados, como se anunció incluso en el Estado Táchira, lo que llevó a la Conferencia Episcopal de Venezuela a denunciar que:

“La decisión de crear nuevas autoridades, quitando competencias a los gobernadores electos de aquellos Estados que no favorecieron electoralmente al oficialismo, son un claro desconocimiento y una burla a la voluntad popular en la cual reside la legitimidad de cualquier elección.”

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En  todo  caso,  para  adoptar  la  decisión  antes  mencionada  exigiendo  la  sumisión  y subordinación  de  los  Gobernadores  de  Estado  ante  la  Asamblea  Constituyente,  lo  que atenta contra la autonomía de los Estados que garantiza la Constitución, la misma, por supuesto, no tenía competencia alguna.

Sin  embargo,  en  los  considerandos  del  “acto  constituyente”  se  hizo  mención  a  lo siguiente:

Primero, que la Asamblea dictaba la decisión “en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución,” que nada indican sobre la misma, y supuestamente basada en el “mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario;” cuando ese día el pueblo no otorgó mandato alguno a la Asamblea Constituyente, ni la elección de los constituyentes fue democrática, libre, universal,  directa  y  secreta;    y  además,  lo  que  supuestamente  hizo  fue  elegir  a  unos constituyentes conforme a unas “bases comiciales” que el pueblo nunca aprobó mediante referendo.

Segundo,  que  supuestamente  “todos  los  órganos  del  Poder  Público  se  encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente,” lo que no es cierto, pues ello solo lo ha dicho y se lo ha auto-atribuido la misma Asamblea Constituyente en el Estatuto de Funcionamiento que ella misma se aprobó, no siendo la misma, en forma alguna, como afirmó, “expresión del Poder Originario del Pueblo venezolano,” el cual nunca se expresó mediante referendo sobre la misma.

Tercero, “que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del Poder Público,”  lo  cual  es  falso  pues  los  Poderes  Constituidos  solo  están  sometidos  a  la Constitución  que  es  la  que  establece  sus  competencias  y  regula  su  funcionamiento  y  organización.

El circo de sumisión de gobernadores a la ANC

En verdad, el “circo” de sumisión de los Gobernadores de Estado ante la Asamblea Constituyente, se realizó, como la Asamblea lo expresó en los “Considerandos” del decreto, porque los  “gobernadores”  de  los  18  Estados  juramentados,  acudieron  sumisos  ante  la Asamblea a “manifestar su disposición a subordinarse a esta soberana Asamblea Nacional Constituyente,”  Con ello, de nuevo, la Asamblea no sólo usurpó la “soberanía” que solo la tiene el pueblo,  sino  que  usurpó  la  voluntad  popular  al  impedir  que  los  gobernadores  que  no acudieron a “subordinarse” ante la “soberana” Asamblea pudieran ejercer el mandato que el pueblo les dio.

Como  lo  resumió  el  20  de  octubre  de  2017,  el  exalcalde  Ramón  Muchacho,  en definitiva: “El  régimen  no  se  robó  18  gobernaciones,  se  las  robó  todas!  Unas  por  el  fraude cometido  antes  de  la  elección  (la  mayoría).  Otras  por  el  fraude  cometido  antes  y después  de  la  votación  (Bolívar).  Y  otras  por  la  pretensión  de  que  nuestros gobernadores electos se juramenten ante la “prostituyente”  (Zulia, Mérida, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta). Estos últimos casos son aún más graves que los del fraude electoral, porque se trata de gobernadores legítimamente electos por el pueblo soberano, cuyas victorias fueron reconocidas por el oficialismo y certificadas por el CNE.”

Frente a todo lo anterior, por lo pronto, y ante el rechazo de los gobernadores electos como candidatos de la oposición de subordinarse ante la Asamblea Constituyente, lo que correspondería es que la Asamblea Nacional proceder a juramentar a los Gobernadores electos, pues entre sus atribuciones tiene a su cargo, conforme a la Constitución la de “velar por  los  intereses  y  autonomía  de  los  Estados” (art.187.16).

Ante el masivo ataque a la autonomía de los Estados por parte de la Asamblea Constituyente y el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional debería entonces asumir esta responsabilidad, siendo esta la primera vez en la historia constitucional del país en la cual dicha competencia se ejercería.Como lo analizó Froilán Barrios Nieves, Secretario General del Movimiento Laborista y Secretario Ejecutivo de la CTV: “Es partir de nuestra victoria más inmediata como lo fue la elección de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de-2015,que quien tiene según la todavía vigente CRBV en el artículo 187, numeral 16 la  atribución de “Velar por los intereses y la autonomía de los  Estados,”  debe  ejercer  la  competencia  para  proclamar  y  juramentar  los gobernadores, ante la omisión del poder electoral y los consejos legislativos por estar condicionados absolutamente a la dictadura. Se trata de que la Asamblea Nacional asuma  por analogía  una  competencia  a  la que  han  renunciado  por entreguistas  los  poderes ya mencionados, esta decisión de la Asamblea Nacional es política, va más allá de lo jurídico. Esta decisión sería un desafío a la dictadura, que se hundiría más en el fango de sus barbaridades, ante el mundo entero y posibilitaría aún más la intervención de  la  comunidad  internacional  para  restaurar  la  democracia.  Por  otra  parte  si  se consuma la tropelía de sustituirlos, se inicia la convocatoria popular a la calle y a la rebelión  popular  ante  el  desconocimiento  del  voto  mayoritario  emitido  el  pasado domingo.”

New York, 20 de octubre de 2017

Por Allan Brewer Carías

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