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(26/10/2017) Entre los meses de mayo y septiembre de 2017 se reportaron 755 homicidios en la Gran Caracas, de los cuales 246 fueron víctimas de las fuerzas policiales en operativos, lo que coloca al Estado como el primer victimario, siendo el segundo civiles independientes y el tercero bandas organizadas. “Los policías limpiaron la zona y dejaron a mi hijo en el carro desangrándose”, declaró el familiar de uno de los fallecidos

Por Fabiana Crisci en Runrunes

 “La policía dijo que fue un enfrentamiento, pero José bajó a la bodega para comprarle un dulce a su hijo”, contó Cineirys Acosta, madrastra de José Gregoria Sosa.  El joven de 22 años murió el mes de julio, en el barrio Guaicaipuro de la UD2 de Caricuao, municipio Libertador, trabajaba con su tía como comerciante y vivía con una familia grande, entre ellos, su hijo.

La madrastra de José Gregorio iba llegando para celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, cuando los vecinos le avisaron que lo había matado. “La Policía Nacional Bolivariana llegó en un taxi del gobierno, sin placas, se bajaron y le dispararon. Él corrió con el tiro, hasta una Iglesia Evangélica cercana, la policía entró, lo sacó y le volvió a disparar; limpiaron la zona y lo dejaron en el carro desangrándose; luego lo llevaron al Hospital Pérez Carreño y ahí murió”, relató Acosta según lo que contaron los vecinos.

El criminólogo Fermín Mármol García explica que las conductas violentas se afianzan en los países en vías de desarrollo, y que esto se agrava cuando se trata de los funcionarios policiales. Reconoce que las instituciones en el país se han deteriorado en lo que va del siglo XXI, lo cual adjudica a la pérdida de meritocracia, la división de poderes, la falta de transparencia en la justicia y a los impedimentos para el ejercicio del periodismo.

El Estado ocupada el primer lugar entre los victimarios. Los hechos de violencia relacionados con los excesos de las fuerzas del Estado fueron 246 casos en total durante los cinco meses, 145 (59%) fueron por resistencia a la autoridad y 98 (40%) por ajusticiamiento, ocupando el primer lugar entre los móviles de muertes violentas en el área metropolitana.

El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica.Uno y ElUniversal.com- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.

Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y colaborador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señala que en el seguimiento que hace la organización a los casos, basados en las informaciones de prensa, estimaron que de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos el 86% son casos de ejecuciones extrajudiciales.

Dentro de los casos que se registraron como ajusticiamiento y resistencia a la autoridad, 133 (56%) fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 87 (37%) por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a pesar de que ambos funcionan en toda el Área Metropolitana. El promedio de edad entre los fallecidos es de 23 años; 15 eran menores de edad y el 14% era menor de 20 años. Lo cual coincide con cifras del 2015 del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), en las que se registró que el 81% (1.221 casos) eran menores de 25 años, de un total de 1.410 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Para Ávila, en muchos casos los cuerpos de seguridad usan las redes sociales para buscar a los azotes “¿Qué pasa si en el mismo barrio hay un joven con características físicas similares o con el mismo nombre? En las denuncias de las víctimas son recurrentes los relatos sobre confusiones” explicó.

Los asesinatos en manos de cuerpos del Estado durante estos cinco meses representan el 47% del total de casos del año pasado registrados como resistencia a la autoridad, según datos suministrados a Runrunes a través de una filtración.

Cuando la escena del crimen es tu casa

Luisver Mejías murió en la puerta de su casa, a las seis y media de la mañana, cuando regresaba de viaje. Tenía 22 años y se dedicaba al comercio. La PNB realizaba un operativo en el edificio, ubicado en la avenida Urdaneta del municipio Libertador. Kleivelin Mejías, hermana de la víctima, contó que desde las seis hasta las dos de la tarde estuvieron “secuestradas” su cuñada y sobrinas. La familia oyó disparos hasta las ocho, pero no fue sino hasta después de medio día que les permitieron salir de la habitación donde se encontraban. “Hasta la tarde no supimos que habían matado a mi hermano”, relató.

Mejías también denunció abusos por parte del cuerpo policial, contó que a su hermano le robaron un pan que traía a su familia, que los funcionarios se acostaron en los muebles de la sala y, además, denunció que se llevaron prendas y dinero en efectivo que tenía la esposa de la víctima. El hecho se registró como un enfrentamiento, pero el único fallecido fue su hermano.

Los asesinatos dentro de las vivienda se ha incrementado durante los cinco meses, un total de 80 casos (33%) fueron en los hogares y 160 (65%) en la vía pública. Del total de casos de muertes en manos de la policía, 34% estaban armados mientras que el 42% no, sin embargo, 46 de las víctimas que fueron asesinadas en sus hogares no estaban armadas, solo se registraron 17 que sí poseían.

Hiklis Javier Soler también murió en su casa; tenía 27 años, se dedicaba al comercio informal en Petare y vivía con su concubina. Soler estuvo preso ocho meses por robo a los 17 años, y hasta el día en que murió acudió a las presentaciones, aunque ya las había cumplido, contaron familiares cercanos. Su muerte, en el mes de julio, fue registrada como un enfrentamiento en La Dolorita, Petare, por el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, en el que él, como en otros casos, fue el único fallecido.

“El Cicpc estaba en la casa cuando nosotros llegamos, no sabíamos qué había pasado. Los vecinos dijeron que eran cinco muchachos, dejaron ir a tres porque eran menores y quedaron mi hermano y otro. La gente escuchaba sus gritos pidiendo que no le pegaran”, contó Yuleidis Alcántara, hermana de la víctima.

Ambas familias denunciaron abusos y excesos en el comportamiento de los cuerpos policiales, asegurando que a las víctimas las despojaron de sus pertenencias. “Le quitaron su teléfono y hasta las chucherías que vendía”, contó la hermana de Soler, quien también denunció que al momento de poner la denuncia un funcionario le explicó que “no se podía hacer mucho”, ya que su hermano estaba involucrado en un asesinato o secuestro, y que en esos casos la orden era matarlos.

Sin embargo, el criminólogo Mármol García considera que los homicidios cometidos por funcionarios son pequeños focos dentro de las instituciones que materializan violaciones de Derechos Humanos y debidos procesos, pero como muchas veces no tienen un castigo genera imitación.

Por otra parte, Keymer Ávila opina que el aumento de este tipo de muertes y la falta de políticas o respuesta institucional hace pensar que no son casos aislados, coincide que al no haber una reacción para frenar estos hechos las acciones se repiten. “Al haber tolerancia también hay responsabilidad del Estado”, agregó.

El Código Procesal Penal establece, en sus artículos 194 y 196, las excepciones para la materialización de los allanamientos: Cuando se trate de flagrancia o cuando la autoridad tenga la seguridad de que se está materializando un delito dentro de ese inmueble.

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Por Fabiana Crisci

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